Las Empresas Municipales

De acuerdo con la ley las empresas municipales o entidades públicas empresariales, son aquellas que se encuentran participadas con fondos públicos. Concretamente este tipo de ente público aparece en la ley 6/1997 en su Titulo III, Capítulo III.

Sea como sea, se trata de empresas, que si bien son participadas por capital público, en la mayoría de los casos con el 100%, como ocurre en Ceuta, se rigen, por las leyes antes descritas y por el derecho privado, salvo en las materias en las que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación.

Eso en cuanto a su actividad, pero qué ocurre con el personal que pertenece a estas empresas públicas. En teoría, se encuentran enmarcados dentro del empleo público como es lógico, al fin y al cabo los salarios de los trabajadores de estas empresas salen del erario público y sus funciones responden al interés general.

Sin embargo, no siempre es así, ya que los procesos de selección para el acceso a una empresa de este tipo no se rigen por el derecho administrativo, sino por el derecho laboral, o lo que es lo mismo, no tiene porque pasar por un proceso de oposición al uso, ni se rigen por las normas de la función pública.

Entonces, ¿son, o no son empleados públicos?. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Yo digo que depende de para qué, si miramos en las correspondientes leyes de presupuestos generales del estado, que se van dictando año tras año, se encuentran bajo esta nomenclatura a efectos de subidas salariales. Aunque su "no" condición de empleados públicos, les salvó del recorte de mayo de 2010. Por otro lado, si de lo que hablamos, por ejemplo, es de estabilidad en el empleo, no tienen más estabilidad que si trabajasen para cualquier otra empresa del ámbito privado.

Dicho de otro modo, cuando le conviene a la administración son empleados públicos, y cuando no le conviene, pues no. Esto genera una enorme inseguridad a los trabajadores de las empresas municipales, sobre todo en un momento como el actual, en el que todos piden austeridad y control del gasto público.

No debemos olvidar que estas empresas prestan servicios públicos o de interés general. Por qué entonces, se encomienda al ámbito privado lo que es público, he aquí el problema. Desde el principio estas empresas debían haber sido constituidas como administración pública a todos los efectos, y sus trabajadores haber sido empleados públicos, laboral o funcionario, puro y duro, tras pasar los correspondientes procesos de selección.

Sin embargo, el interés de los políticos por escapar al control de la legislación, hizo que se engendrará un híbrido que solo beneficia a la clase política y perjudica seriamente a los trabajadores. Les perjudica porque estos empleados, en su inmensa mayoría merecedores de sus puestos de trabajo y que se han ganado el derecho a ser fijos en sus empresas, tienen que ver como se van colando los amigotes y no amigotes, en pago a los servicios prestados de muchos de  los políticos de turno. Esto, lo único que provoca es que peligre la viabilidad de las empresas, y se ponga en riesgo un número importante de puestos de trabajo.

Solución, convertir estas empresas en Administración Pública sin tapujos, pero sin caer en la trampa de la Sinvergonzonería del Gobierno de la Junta de Andalucía, sino con los correspondientes procesos de selección y amparados por las leyes de la Función Pública. De ese modo los empleados de las Empresas Municipales tendrán la ansiada estabilidad laboral sin más condición que merecerse el puesto, y sin necesidad de ser amigo de nadie.